El Ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón estuvo en el Club de Encuentro Manuel Broseta para tratar un tema de absoluta actualidad. Bajo el título “Nuevos medios contra el delito económico y la recesión: la respuesta del Estado”, el Ministro habló de los principales escollos de la justicia española y de cómo el Gobierno está haciendo frente a este tipo de delitos, como son la administración desleal o la malversación.Alfonso Pascual, notario y Secretario del Club fue el encargado de presentar al conferenciante. “España necesita un sistema judicial que resuelva pronto los conflictos” afirmó, y abogó por un cambio de modelo en el sistema de Justicia, del que “Gallardón es plenamente consciente y buena prueba de ello es la reciente Ley de mediación”.

El Ministro de Justicia comenzó su intervención rindiendo homenaje a la figura del jurista Manuel Broseta ante un gran número de asistentes entre los que se encontraban las máximas autoridades políticas y empresariales de la Comunidad Valenciana.  Gallardón destacó el “impulso rebelde con el que he pretendido abordar la reforma de la Administración de Justicia, largamente demandada por los ciudadanos”.   “Cuando hablamos de la justicia, hablamos de uno de los pilares básicos del estado de derecho. La justicia además de eso, es mucho más, es uno de los factores de competitividad más importantes que puede tener un país” explicó el Ministro.  Expuso cómo la seguridad jurídica y un sistema eficaz en la resolución de conflictos contribuyen  a la captación de inversiones y por tanto a la generación de riqueza y a la superación de la crisis económica.

Alberto Ruiz-Gallardón habló de la demora de la justica en la resolución de conflictos  y reconoció que el problema de la justicia española “es un problema estructural que debemos abordar con valentía”. Para hacer frente a este problema, el Ministro destacó la posibilidad de traspasar a otros profesionales del derecho como notarios, registradores o secretarios competencias de los jueces y magistrados en asuntos que son de carácter civil y no conflictivo y que en la actualidad están atascando el sistema judicial.

Según datos oficiales, en España tenemos una alta tasa de litigios que se sitúa en 9 millones de asuntos judiciales al año. “Algo estamos haciendo mal cuando estamos forzando a los ciudadanos a que resuelvan todos sus conflictos por vía judicial. Y esa culpa es nuestra, del poder político y legislativo”. Según el Ministro, para abordar este asunto, se deben arbitrar mecanismos  alternativos para la resolución de conflictos. En este sentido, Gallardón destacó la reciente aprobación de la Ley de mediación cuyo objetivo es buscar una resolución acordada por las partes y promover este tipo de medidas por los profesionales del derecho. “Tenemos que avanzar de una forma importante en el arbitraje” recordó.

A continuación, el Ministro habló de los delitos económicos  actuales, del problema de inseguridad jurídica que estos suponen y de cómo el Gobierno está introduciendo una definición correcta del delito de la administración desleal y de una de sus variantes, la malversación. El conferenciante hizo referencia también a las insolvencia punibles y afirmó que en la actualidad existe una deficiente regulación del delito de quiebra fraudulenta. “Lo que ha hecho ahora el Gobierno es precisar los delitos de quiebra fraudulenta o bancarrota” explicó. “Hacen falta más herramientas normativas, y el Gobierno se ha volcado en ello”, manifestó.

“El Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, afirmó recientemente que se ha propuesto que estas terminen siendo prácticas en desuso, y por mi parte estoy seguro que un día no lejano las veremos como algo llamativo y pintoresco” concluyó el Ministro. Alberto Ruiz-Gallardón concluyó su intervención reconociendo que esta es una lucha ardua y compleja, pero que la mejor forma de contribuir a la competitividad del país y de practicar la solidaridad es conseguir los mecanismos “para que nadie se beneficie del esfuerzo y sacrificio de todos”.

Tras su intervención, los asistentes pudieron trasladar sus preguntas al invitado. Uno de los temas de los que más se habló fue de la ley de tasas, que el Ministro defendió ante el auditorio.  “El presupuesto  total de la Justicia en España, incluyendo el Ministerio, el CGPJ y las comunidades autónomas que tienen la justicia transferida es de 3.900 millones al año, mientras que la recaudación que se prevé con la tasa es de 306 millones”. Según el Ministro, esto supone un 10% del presupuesto total, “una cifra bastante mas baja que la de la media europea que se sitúa en el 30%. En Alemania es del 45% mientras  que en Austria es del 109%”.

El Ministro recordó que las tasas, existentes desde 2002, son una medida disuasoria y no tanto recaudatoria, y recordó que en los juicios con costas, a aquel que gana el pleito, se le devuelve la tasa.  Gallardón se refirió también a la proporción de lo que supone para el ciudadano con respecto al todo el proceso judicial (abogado, procuradores, etc.). Según datos estimativos del Ministerio de Justicia, entre  el 6 y el 10% del coste total de un litigio recae en los ciudadanos. Por ultimo, explicó que con la recaudación de las tasas, se financiará la justicia gratuita, que en estos momentos pasa por series dificultades en determinadas comunidades autónomas.Alfonso Pascual, notario y Secretario del Club fue el encargado de presentar al conferenciante. “España necesita un sistema judicial que resuelva pronto los conflictos” afirmó, y abogó por un cambio de modelo en el sistema de Justicia, del que “Gallardón es plenamente consciente y buena prueba de ello es la reciente Ley de mediación”.

El Ministro de Justicia comenzó su intervención rindiendo homenaje a la figura del jurista Manuel Broseta ante un gran número de asistentes entre los que se encontraban las máximas autoridades políticas y empresariales de la Comunidad Valenciana.  Gallardón destacó el “impulso rebelde con el que he pretendido abordar la reforma de la Administración de Justicia, largamente demandada por los ciudadanos”.   “Cuando hablamos de la justicia, hablamos de uno de los pilares básicos del estado de derecho. La justicia además de eso, es mucho más, es uno de los factores de competitividad más importantes que puede tener un país” explicó el Ministro.  Expuso cómo la seguridad jurídica y un sistema eficaz en la resolución de conflictos contribuyen  a la captación de inversiones y por tanto a la generación de riqueza y a la superación de la crisis económica.

Alberto Ruiz-Gallardón habló de la demora de la justica en la resolución de conflictos  y reconoció que el problema de la justicia española “es un problema estructural que debemos abordar con valentía”. Para hacer frente a este problema, el Ministro destacó la posibilidad de traspasar a otros profesionales del derecho como notarios, registradores o secretarios competencias de los jueces y magistrados en asuntos que son de carácter civil y no conflictivo y que en la actualidad están atascando el sistema judicial.

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Según datos oficiales, en España tenemos una alta tasa de litigios que se sitúa en 9 millones de asuntos judiciales al año. “Algo estamos haciendo mal cuando estamos forzando a los ciudadanos a que resuelvan todos sus conflictos por vía judicial. Y esa culpa es nuestra, del poder político y legislativo”. Según el Ministro, para abordar este asunto, se deben arbitrar mecanismos  alternativos para la resolución de conflictos. En este sentido, Gallardón destacó la reciente aprobación de la Ley de mediación cuyo objetivo es buscar una resolución acordada por las partes y promover este tipo de medidas por los profesionales del derecho. “Tenemos que avanzar de una forma importante en el arbitraje” recordó.

A continuación, el Ministro habló de los delitos económicos  actuales, del problema de inseguridad jurídica que estos suponen y de cómo el Gobierno está introduciendo una definición correcta del delito de la administración desleal y de una de sus variantes, la malversación. El conferenciante hizo referencia también a las insolvencia punibles y afirmó que en la actualidad existe una deficiente regulación del delito de quiebra fraudulenta. “Lo que ha hecho ahora el Gobierno es precisar los delitos de quiebra fraudulenta o bancarrota” explicó. “Hacen falta más herramientas normativas, y el Gobierno se ha volcado en ello”, manifestó.

“El Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, afirmó recientemente que se ha propuesto que estas terminen siendo prácticas en desuso, y por mi parte estoy seguro que un día no lejano las veremos como algo llamativo y pintoresco” concluyó el Ministro. Alberto Ruiz-Gallardón concluyó su intervención reconociendo que esta es una lucha ardua y compleja, pero que la mejor forma de contribuir a la competitividad del país y de practicar la solidaridad es conseguir los mecanismos “para que nadie se beneficie del esfuerzo y sacrificio de todos”.

Tras su intervención, los asistentes pudieron trasladar sus preguntas al invitado. Uno de los temas de los que más se habló fue de la ley de tasas, que el Ministro defendió ante el auditorio.  “El presupuesto  total de la Justicia en España, incluyendo el Ministerio, el CGPJ y las comunidades autónomas que tienen la justicia transferida es de 3.900 millones al año, mientras que la recaudación que se prevé con la tasa es de 306 millones”. Según el Ministro, esto supone un 10% del presupuesto total, “una cifra bastante mas baja que la de la media europea que se sitúa en el 30%. En Alemania es del 45% mientras  que en Austria es del 109%”.

El Ministro recordó que las tasas, existentes desde 2002, son una medida disuasoria y no tanto recaudatoria, y recordó que en los juicios con costas, a aquel que gana el pleito, se le devuelve la tasa.  Gallardón se refirió también a la proporción de lo que supone para el ciudadano con respecto al todo el proceso judicial (abogado, procuradores, etc.). Según datos estimativos del Ministerio de Justicia, entre  el 6 y el 10% del coste total de un litigio recae en los ciudadanos. Por ultimo, explicó que con la recaudación de las tasas, se financiará la justicia gratuita, que en estos momentos pasa por series dificultades en determinadas comunidades autónomas.