Dentro de nuestra actividad de “Los desayunos del Club”, se ha celebrado el primer desayuno de este año y segundo de la temporada bajo el título  “ VALENCIA Y SU PUERTO. LA INTERACCION ESPACIO PORTUARIO-CIUDAD”, tema que responde al  interés del Club  de tratar asuntos de continúa y permanente actualidad para Valencia. Nuevamente, con la asistencia de aproximadamente medio centenar de socios, se ha debatido la relación que ha existido, existe y debería existir entre la ciudad de Valencia y su puerto.

Tres socios, D. Rafael Aznar, Presidente de la Autoridad Portuaria, D. José María Tomás, Arquitecto, y D. Carlos González, abogado y director de GSI PROJECT, han actuado como ponentes, los cuales con sus brillantes intervenciones han expuesto los diferentes aspectos que se deberían tener en cuenta y que podrían ser la respuesta para que de una vez por todas se supere la distancia ideal y física entre la ciudad y el  puerto, como sucede en otras ciudades.

Coincidiendo en que es incuestionable la importancia del Puerto de Valencia como uno de los más activos del Mediterráneo, y que su progreso ha repercutido en la ciudad y ha supuesto compartir estructuras,  lo cierto es que la ciudad vive de espaldas al mar y el puerto siempre ha sido el olvido de los valencianos. Ahora bien,  no tiene sentido volver a debates antiguos porque el verdadero reto está en el enfoque que se le dé a la problemática existente.

Desde este punto de partida, las intervenciones de los socios asistentes se han centrado en poner de relevancia, bien la utilidad social, bien la utilidad económica de la relación.

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Para algunos socios los convenios suscritos entre el Ayuntamiento de Valencia y el Consorcio 2007, y  entre el Puerto de Valencia y el Consorcio 2007, que suponen la cesión gratuita por el Puerto de los espacios de la Dársena y la explotación de los mismos en régimen de concesión administrativa, aunque no sea la solución  definitiva sí ponen de manifiesto la  interacción  del binomio ciudad-puerto. A lo que hay que añadir también los espacios del sur como Nazaret, y sin olvidar que los 19.000 empleos directos del Puerto inciden en la sociedad valenciana.

No obstante, otros socios consideran que hay que conservar y preservar el carácter público y que hay que respetar lo que es de todos para poder conseguir la satisfacción de los ciudadanos como fin último. Desde lo público es más fácil trabajar porque el urbanismo regula y protege los usos en beneficio de los ciudadanos y las privatizaciones hay que medirlas. También se ha destacado la singularidad de la Dársena rodeada de tejidos urbanos de gran fuerza como los poblados marítimos, lo que hace imprescindible un plan de accesibilidad, que incluiría entre otras cosas la facilidad de aparcamiento.

Para otro socio, los cinco kilómetros de distancia existentes entre el centro de la ciudad y el puerto dificultan la situación, por lo que si de lo que se trata es de darle vida al puerto, considera que debe hacerse por medio de cosas lúdicas, conciliando lo lúdico y lo industrial porque si no hubiera puerto comercial no se podía hablar de actividad lúdica y en su caso turística.

Un socio ha reflexionado y opinado sobre el plan especial que se encuentra en tramitación en estos momentos destacando que a pesar de que se ha hecho un esfuerzo por buscar una fórmula capaz de relacionar los diferentes usos y que con el paso del tiempo se podrán mejorar, no cabe duda que ha supuesto un avance la existencia de un instrumento jurídico que antes no existía y que ha sido promovido por ambas administraciones. Respecto del debate sobre la condonación del crédito, en su opinión, la posición política valenciana de solicitar la condonación del crédito obtenido por el Consorcio 2007 y avalado por el Estado para realizar las obras no es la más apropiada considerando que lo adecuado sería ejecutar  el aval. Y ello porque se sobrevaloró la capacidad de solvencia del deudor que se basaba en los rendimientos que tenían que producir la explotación de las infraestructuras y de las instalaciones y  que se calculó con referencia al año 2006 cuando España crecía al 4.1. Así, cuando se ha sobrevalorado la capacidad de solvencia del deudor la consecuencia es que la responsabilidad del pago recae sobre el avalista.

Finalmente, a pesar de las diferentes opiniones se ha coincidido en que no es incompatible el rendimiento económico con el disfrute ciudadano.